La llamada de la justicia

Como es costumbre, Estados Unidos se encuentra en el foco del acontecer internacional; sin embargo, en esta ocasión las luces lo acaparan por el escándalo político de su presidente, Donald Trump, que deberá enfrentarse a un proceso de revocatoria, conocido legalmente como Impeachment.

El presidente de los Estados Unidos ha sido cuestionado directamente por una denuncia anónima de un agente de la Comunidad de Inteligencia del país; la queja del informante corresponde a una conversación telefónica del 25 de julio, entre Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. De acuerdo con la denuncia, el mandatario norteamericano buscaba presionar a Zelenski para que investigara a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, ex vicepresidente de la nación (Obama), y uno de los candidatos demócratas con más probabilidades de enfrentarlo en las elecciones presidenciales del 2020.

En primer momento, el inspector general de la comunidad de inteligencia envió la denuncia al Departamento de Justicia; ya el 24 de septiembre, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, anunció que se iniciarían las investigaciones que dieran lugar a un juicio político en contra de Trump. En conferencia de prensa, Pelosi, la tercera autoridad del país, argumentó que las acciones del mandatario violaban la Constitución, ya que traicionaban su juramento al cargo. Con este panorama, dependerá del Senado, órgano encargado de aprobar este proceso, determinar qué tan factible será la posibilidad de destituir al mandatario.

Este proceso de destitución o revocatoria del mandato designa una figura del derecho en países con modelos de gobierno presidencialista, que tienen la facultad de imputar cargos contra altos funcionarios del Gobierno. En el caso, propiamente de EE. UU., estos métodos se pueden aplicar a nivel estatal y federal; de acuerdo con el artículo primero de su Constitución, los altos funcionarios pueden ser procesados a causa de delitos graves. Después de ser convocado por la Cámara baja, y posteriormente llevado a cabo por el Senado, la condena del acusado dependerá de si se obtienen dos terceras partes de votos de los senadores.

En toda su historia, Estados Unidos ha sido testigo de catorce procesos de destitución a nivel federal, de los cuales solo cuatro acabaron con una resolución condenatoria, ninguno de estos en expresidentes. El periodista español Lluís Bassets, afirma en su artículo de opinión “Impeachment internacional” que este nuevo escándalo que atraviesa la casa blanca sí ha acaparado la atención mundial porque, diferente a las tres ocasiones previas en las que un presidente de la nación se había visto en vuelto (Andrew Johnson, que destituyó a su secretario de Guerra; Richard Nixon, que espió a sus rivales demócratas, y Bill Clinton, que mantuvo relaciones inapropiadas con una joven becaria), se caracteriza por incluir actores internacionales.

Es probable que a simple vista lo hecho por Donald Trump no parezca grave. Es más, según ha retratado el mandatario, las acusaciones que enfrenta son injustas; “como presidente de Estados Unidos tengo el absoluto derecho, quizá incluso el deber, de investigar o haber investigado la corrupción, y eso incluiría pedir o sugerir que otros países nos ayuden”, mencionó en Twitter. Sin embargo, lo que hace de esta petición todo un escándalo es, precisamente, el posible uso del cargo presidencial para presionar al país eslavo a que investigue un rival político directo. Una fuente estadounidense, analista de presupuestos, y que actualmente trabaja para el gobierno de Norfolk en Virginia, comentó, pidiendo que se reserve su nombre, que Trump “ha demostrado muy poca comprensión o disposición para aprender los detalles de cómo funciona el gobierno de EE. UU. No creo que él supiera o le importara que sea ilegal”.

Respecto a los elementos de presión probablemente utilizados por Trump, se conoce el bloqueo en la Casa Blanca de un paquete de asistencia militar de alrededor de US391$ millones, que iba directo a Ucrania (pero que sería entregado pocos días después de la llamada), con el que se defenderían de amenazas rusas. De hecho, el sector demócrata, que impulsó el proceso, sigue desconfiando por un posible reembolso a Ucrania, con el que Trump estaría consiguiendo beneficios directos para su campaña de reelección.

Pese a que ambos jefes de Estado manifestaron que no existían presiones para la investigación, personal de la Cámara de Representantes difundió una serie de mensajes de texto, de trabajadores del Gobierno, en los que se demostró que una invitación a la Casa Blanca, apetecida por Zelenski, dependía directamente de su compromiso con lo que demandaba Trump.

Aun así, la denuncia del presidente no debe desecharse. Sus acusaciones, respaldadas por su abogado y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, hacen referencia al momento en que el, para ese entonces, vicepresidente (Biden) expulsa al principal fiscal ucraniano, Viktor Shokin en 2016. La relación directa existe, pues la oficina del exfiscal fue responsable de las arduas investigaciones de la compañía de gas ucraniana Burisma Holdings, que en ese momento contaba con Hunter Biden, hijo del vicepresidente, y quien contaba con un salario de US$50.000 al mes. Al exvicepresidente se le acusa de haber aprovechado su cargo para proteger a su hijo y a su empresa de una posible exposición criminal; sin embargo, Biden no fue el único interesado en el cese de Shokin (países de la unión europea también influyeron, al igual que un sector de Ucrania y un respaldo estadounidense). Además, el diario The New York Times plantea que Shokin no habría estado persiguiendo agresivamente a la corporación, sino que buscaba, con la amenaza del enjuiciamiento, pedir sobornos a sus líderes. Por su parte, Yuriy Lutsenko, sustituto de Shokin, continuaría investigando a Burisma por 10 meses más.

Trump desde un comienzo intentó demeritar al denunciante, basándose en que eran simples percepciones, sin conocimiento profundo. Sin embargo, una semana después de iniciarse la investigación, aparece un nuevo testigo, también anónimo, por razones de seguridad. Mark Zaid, abogado representante del primer testigo, fue quien aseguró la existencia de otra pieza clave, al parecer con mayor conocimiento de las actividades de Trump; para la cadena televisiva española ABC, comentó que esta persona también trabajaba en la Comunidad de Inteligencia. Si bien el Congreso examinará la veracidad del nuevo testigo, de por sí aumenta la expectativa de lo que puede venir para el presidente. Él, por su parte, se mantiene reacio (obstrucciona) ante cualquier amenaza; entre tanto, dijo por redes sociales que como se dieron cuenta de que el primer testigo no servía, les había tocado inventarse otro.

Además, fiel a su estilo, el jefe de Estado ha gestionado peticiones similares a las de Ucrania con otros países como Australia, y recientemente, China, en busca de acorralar a Biden. Así mismo, deberá cumplir con la fecha límite (18 de octubre) pactada para que entregue una serie de documentos exigidos por los legisladores; a la fecha solo ha entregado una transcripción incompleta de la conversación telefónica.

En medio de la incertidumbre, lo único cierto es que un Impeachment afectaría fuertemente la relación externa del país, que de por sí no anda en su mejor momento. Por otra parte, influirá en todo el tema de las elecciones de 2020; de hecho, es lo que más le preocupa a la analista estadounidense: “si la investigación de juicio político no lleva a destituir a Trump de su cargo (lo cual es muy probable), podría dar lugar a una reacción violenta que afectaría las próximas elecciones nacionales. En este momento, los demócratas tienen la mayoría en nuestra Cámara de Representantes, y eso hace la vida un poco más difícil para la administración”.

Con Donald Trump nada se sabe; por eso mismo, es cada vez más difícil que los estadounidenses se sorprendan por algún acto suyo. Lo que sí no deja de preocupar es el impacto que ha causado más de una vez (nacional e internacionalmente) su peculiar forma de ser presidente, y la incertidumbre de todo lo que está en juego para el país ahora.